Desde hace ya algunos años, y particularmente en los dos últimos, se ha intensificado globalmente la necesidad de los países de diversificar su matriz productiva e impulsar actividades económicas de valor agregado que les permitan abrir espacios y oportunidades que mejoren su productividad, crecimiento sustentable y el progreso social.
Existe consenso en afirmar que una de las claves para lograr este desafío es potenciar la Investigación y Desarrollo (I+D). Pero ¿qué es la I+D?. Normalmente este concepto se asocia a trabajos de alta complejidad; sin embargo, en la práctica, muchas empresas llevan a cabo este tipo de actividades sin saberlo.
I+D es la creación de nuevos o mejorados productos y/o servicios que se generan tras una investigación científica y/o desarrollo tecnológico. Y pese a su relevancia, en Chile -impulsada por el Estado, universidades y centros de investigación- actualmente se invierte solo un 0,35% del PIB en esta temática, muy por lejos de los países OCDE que bordean un 2,4%. En países desarrollados, además, los privados son quienes la lideran.
Corfo, desde hace más de una década, tiene un rol fundamental para impulsar la generación de investigación, desarrollo e innovación. Esto, porque desde el año 2008 que la Corporación lidera la Ley de Incentivo Tributario a la Inversión en I+D, más conocida como Ley I+D, y que, en términos comparativos, es una de las más favorables a nivel mundial.
Esta ley establece un beneficio tributario que consiste en un crédito contra el impuesto de primera categoría de un 35% del gasto efectivo en proyectos de investigación y desarrollo certificados por Corfo que realizan las empresas y el 65% restante como gasto necesario para producir la renta, lo que representa un beneficio tributario total de un 52% de la inversión en I+D, cualquiera sea el tamaño o sector productivo de la empresa, y además es complementario a los mecanismos de financiamiento público.
Pero pese a este incentivo tributario es uno de los más beneficiosos en el mundo, solo cerca de 800 empresas lo han utilizado en todo este tiempo, alcanzando más de 1.300 proyectos certificados por un monto superior a los $409 mil millones. Incluso, hasta el 2019 se registraba una caída constante en sus cifras. Justamente, ante esos resultados, ese mismo año Corfo cambió su estrategia considerando el alto grado de desconocimiento de la ley y optó por un plan de trabajo complementario entre dicho instrumento y sus otros programas.
El impacto de esta nueva estrategia se vio en el corto plazo: durante el 2020 se registró un ´triple récord´ con la ley: se alcanzó un número histórico en la cantidad de empresas, como en proyectos y montos certificados. Si el promedio de los últimos años era de unos $35 mil millones certificados anualmente, en ese período fueron más de $76,5 mil millones. Los sectores de pesca y acuicultura, agrícola, minería y metalurgia; construcción y alimentos son las industrias que lideraron las iniciativas.
El nuevo plan de Corfo se basa en dos pilares: capacitación y difusión de la ley. El objetivo es relevar la importancia del I+D+i a nivel nacional, avanzar en un cambio cultural para que cada vez más empresas se atrevan a invertir sistemáticamente en esta temática y planteen la innovación como un pilar fundamental de sus estrategias de negocios.
Para ello la estatal ha estado realizando una serie de actividades: Sólo el 2020 se capacitaron a más de 1.700 representantes de empresas de manera directa y los webinarse especializados de la ley alcanzaron 24 mil visualizaciones. Además, desde fines del 2019 a la fecha, se ha simplificado y optimizado el proceso de postulación y evaluación de los proyectos, de manera de hacerla más exequible a las empresas. Hoy el proceso se encuentra 100% digitalizado.
La meta de Corfo es movilizar al sector privado. No hay ninguna política de Estado que logre el éxito sin la participación y el sentido de urgencia de todos los actores. Es fundamental que hoy en día, las empresas inviertan en I+D para más eficiente y tanto para mejorar su competitividad, como también para hacia una reactivación económica sostenible.
